La Nación/Nación Media conversó con jóvenes que hablaron sobre el nubarrón de incógnitas que reina en los votantes y la falta de accesibilidad encontrada para aclaracio­nes necesarias al momento de sufragar.

“Yo no sabía en qué consiste la Concertación hasta que empecé a interiorizarme a través de videos explicati­vos en las redes sociales. Allí también pude comprender cómo averiguar el proceso de votación, pero conozco muy poco a los candidatos y acerca del lugar que te toca siendo o no afiliado, por lo cual no iré a votar en las internas”, manifestó Jazmín López, quien es estudiante de Psicología en la Facultad de Filosofía UNA.

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La joven estudiante también consideró que estas falencias podrían revertirse si las auto­ridades públicas se involucra­ran en los espacios de la men­cionada franja etaria, como universidades o en conversa­torios, para desarrollar una capacitación real.

Giovana Soria, quien es una joven instagramer y tik­toker, coincidió en la exis­tencia de una preocupante escasez informativa con lenguaje simplificado que permita mayor conexión de los jóvenes con los pro­cesos electorales. Recono­ció, además, que ella esta­ría bajo el desconocimiento total acerca de las internas de la Concertación y el Par­tido Colorado si no buscaba datos con otras personas al tanto del proceso.

El médico Adán Godoy señaló a la Radio Chaco Boreal que no se contó toda la verdad en el caso del Hospital de Barrio Obrero, respecto a la negativa de los trabajadores de blanco en recibir a dos personas que llegaron en la madrugada del sábado a bordo de una patrullera de la Comisaría 24 Metropolitana, una de ellas (identificada como Elena Fretes) afectada por una fractura en el fémur y un hombre (Héctor López Aponte) herido de bala.

La autoridad de dicho centro asistencial reconoció que hubo errores en la forma en que fueron admitidos los pacientes y que por ende consideraba correcto que se abra sumario administrativo contra los responsables, pero aseguró que, tras una investigación interna, se concluyó que los profesionales no se resistieron a la atención de los dos ciudadanos.

En ese sentido cuestionó que se haya expuesto un video policial editado, omitiendo que finalmente los dos heridos sí recibieron la atención correspondiente.  “¿Por qué el policía no contó la historia completa? ¿Por qué editó y cuál fue su intención? ¿Por qué solo mostró la resistencia de los funcionarios? Se debe decir la verdad: sí fueron admitidos, atendidos, y no pasó mucho tiempo como se mostró en el video. Se hizo todo el acto médico”, resaltó.

“El video parece sugerir en la recta final que los pacientes nunca fueron atendidos y que se fueron del hospital sin ser atendidos, pero sí fueron atendidos, eso consta no solo por el relato de los jefes, sino que por la admisión al sistema hospitalario, de los resultados del laboratorio y la medicación correspondiente”, ahondó.

De acuerdo con el director, ambos llegaron a las 4:45 de la madrugada del sábado a bordo de la patrullera, y fueron admitidos a las 5:08 (en el caso de la mujer) y 5:16 (el hombre). “Fueron 20 a 25 minutos entre que llegan y son atendidos”, justificó.

Siguió explicando que, tras evaluar a los pacientes, los médicos de guardia pidieron a ambos esperar a un traumatólogo, quien comenzaba su turno a las 07:00 de la mañana, pero que los ciudadanos no quisieron aguardar y se retiraron del sitio por sus propios medios: la mujer firmó su retiro voluntario y el hombre se fugó sin rubricar el documento.

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El 9 de mayo pasado, Paraguay comunicaba que la nueva tarifa de Itaipú para los años 2024, 2025 y 2026 fue fijada en USD 19,28 KW/h, lo que equivale a 1.250 millones de dólares anuales para el Paraguay.

Durante la reunión en la que se alcanzó el acuerdo, el martes 7 de mayo en nuestro país, no había participado el canciller brasileño Mauro Vieira, cuya firma había quedado pendiente en el documento. Este asterisco quedó allí y nunca se informó sobre la continuidad de la historia, sin embargo, hoy se le consultó al respecto al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, durante su ida al Palacio de López.

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“Lo del entendimiento está firmado, ya tengo la nota firmada por él, de manera que, no hay secretos en esto, se demoró hasta que el canciller de Brasil retornó a su país y suscribió el documento”, confirmó Ramírez.

Los USD 1.250 millones se distribuyen en: 280 millones dólares en concepto de royalties, 650 millones dólares en inversión social, 265 millones dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital y otros.

La sumatoria de los tres años da un total de 3.750 millones que se distribuirán de la siguiente manera:

Centros de salud, alimentación y educación para los niños

Refuerzo dela seguridad nacional

La construcción de tres grandes hospitales

Modernización de la infraestructura vial en el interior

Inversión en el transporte público

Infraestructura energética

A partir de ahora queda por resolver la revisión del Anexo C. Ambos países fijaron como plazo este año, es decir, terminar de negociar como máximo el 31 de diciembre.

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En un acto celebrado esta mañana en el Palacio de López, se realizó la toma de juramento del nuevo ministro de Justicia, Rodrigo Nicora Villamayor.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la República Santiago Peña, así como por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

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Nicora -quien se venía desempeñando como viceministro de Política Criminal- asume el cargo en reemplazo de Ángel Barchini, quien la semana pasada presentó su renuncia alegando “motivos personales y familiares”.

En entrevista con los medios, el nuevo titular de la cartera de Justicia habló sobre las acciones que prevé impulsar durante su gestión y el compromiso de seguir trabajando por la mejora del sistema penitenciario.

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Así también, hizo mención a las tres nuevas cárceles (una de las cuales ya fue habilitada en Minga Guazú) y confirmó que, para su operatividad, se necesitan casi 900 nuevos agentes penitenciarios. “Es un gran desafío y un gran presupuesto”

Nicora adelantó que harán una “planificación estratégica” para disponer los traslados al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, evaluando el perfil de los reclusos que serán llevados en el primer grupo.